¿INSPECCIONES?

Las Administraciones Públicas ejercen vigilancia, control e inspección para prevenir y sancionar la elaboración, utilización, circulación y oferta de sustancias, bienes y servicios que no cumplan las condiciones exigidas para garantizar la salud y seguridad de los consumidores.

En este sentido, la ley dispone que los órganos públicos, vigilen y desarrollen sistemas de control e inspección a fin de conseguir entre otros múltiples objetivos:

a) La exactitud en el peso y medida de los bienes y la correcta prestación de los servicios.

b) El cumplimiento de las normas de calidad en los bienes y servicios ofertados a los consumidores.

c) La legalidad, transparencia y accesibilidad de los precios, sean al contado o a plazos, y condiciones económicas de cualquier bien o servicio que se oferte, así como la participación en concursos o similares, indicando siempre si están incluidos los impuestos.

En especial:

-La legalidad de los precios de los repuestos de los bienes al aplicarlos en las reparaciones y mano de obra, traslado y visita.

-La claridad en los costes y comisiones que se deriven de todas las operaciones financieras.

d) La posibilidad de acceso a los servicios de telecomunicaciones en unas adecuadas condiciones de calidad y a la prestación.

e) La adecuación estricta a la normativa vigente sobre régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución.

f) La efectividad y satisfacción del derecho de los consumidores a un adecuado servicio técnico y a la existencia de repuestos.

g) El derecho a la entrega de presupuestos previos, clara y debidamente explicados.

h) El derecho a la entrega del documento original o copia acreditativa de las transacciones comerciales o de la correspondiente factura, contraseña, recibo, justificante, sellados y firmados, extendidos con claridad y sencillez, y debidamente desglosados.

En caso de venta o contratación de bienes y servicios con carácter masivo y ordinario, se vigilará, controlará e inspeccionará la entrega de billetes mecanizados en los que han de constar necesariamente los datos identificativos del negocio y los signos o claves de los bienes o servicios contratados o adquiridos.

i) La efectiva aplicación y estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la elaboración, distribución, información, publicidad, promoción, oferta y venta de bienes y servicios.

j) La elección, por parte del consumidor, del sistema de pago correspondiente.

Estos son ejemplos de obligaciones para empresas y profesionales los cuales pueden cometer errores en su aplicación y ello conlleva a la posible sanción por parte de la administración pública.

Desde OK Consumo gestionamos y defendemos sus necesidades como empresa y profesional ante las situaciones de sanción por parte de las entidades públicas.

Para más información: clientes@okconsumo.com